«La sustitución de ventanas obsoletas por otras más eficientes es una buena estrategia a medio plazo en la lucha contra la pobreza energética»
Hablar de Pobreza Energética es hacerlo de un problema social, económico, estructural, de construcción deficiente, de salud, de falta de racionalidad y planificación en la explotación de los recursos energéticos, de daños medioambientales, pero sobre todo es hablar de personas.
La pobreza energética afecta a 54 millones de personas en la Unión Europea, según datos del Comité Económico y Social Europeo (CESE). Asimismo, el riesgo de sufrir este problema se ha triplicado en España en el periodo comprendido entre 2007 y 2013 y afecta a casi un 10% de hogares españoles. Así se indica en el estudio “Pobreza Energética en España. Análisis económico y propuestas de actuación”, realizado por el centro de investigación ‘Economics for Energy’. Cuatro millones de españoles no pueden mantener su hogar a una temperatura suficientemente confortable en invierno, debido a no poder hacer frente al coste energético que ello supone. Este último dato está extraído del estudio ‘Pobreza Energética. Análisis de tendencias’, elaborado por la Asociación de Ciencias Medioambientales, en 2014.
Tres factores inciden directamente en la existencia de la pobreza energética: baja renta familiar, el precio de la energía y la inadecuación energética de las viviendas. A raíz de la crisis vivida en los últimos años, las rentas familiares han descendido de manera dramática en muchos casos, sobre todo en aquellos hogares que cuentan con uno o más miembros de la unidad familiar en situación de desempleo. Igualmente, los precios de la energía muestran grandes desajustes entre sus costes reales y el precio que paga el consumidor. En este sentido, España se enfrenta a un considerable reto para establecer unos métodos de tarificación coherentes en los precios de la energía. Finalmente, aunque no menos importante, resulta esencial para disminuir la pobreza energética disponer de una vivienda de calidad que proporcione unos mínimos de aislamiento térmico que nos permitan vivir de una manera digna y confortable.
El acceso a la energía, un bien común esencial
El CESE establece que “la energía es un bien común esencial y debe garantizarse un acceso mínimo para un uso básico, debido a su papel indispensable en todas las actividades cotidianas, que permite a cada ciudadano tener una vida digna”.
A corto plazo se han desarrollado medidas para que los hogares afectados por la pobreza energética puedan tener un acceso garantizado a la energía para cubrir sus necesidades domésticas básicas, como calefacción, higiene o alimentación, entre otras. En Bélgica se ha promovido el estatus de “cliente protegido”, por el que los perceptores de ayudas sociales se beneficien asimismo de tarifas energéticas sociales. En Francia se prohíbe interrumpir por impago el servicio energético durante las estaciones más frías, entre noviembre y abril.
En el caso de España, la única medida estatal para luchar ante este problema es el bono social eléctrico, que supone un 25% de descuento en la tarifa eléctrica para un conjunto de consumidores vulnerables. La medida es insuficiente ya que únicamente se tiene en cuenta la electricidad como fuente de energía y además se deja fuera de todo amparo a un buen número de consumidores vulnerables.
Edificios de consumo energético casi nulo
Pero además de las medidas cortoplacistas, también podemos luchar contra la pobreza energética pensando en cómo evitar el problema en el futuro. Y aquí la vivienda y una construcción más racional y eficiente tienen mucho que decir.
Si tenemos en cuenta que la Constitución Española en su artículo 47 sostiene que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, podría desprenderse de ello que sufrir pobreza energética por causa de habitar en viviendas poco eficientes o mal aisladas podría ir en contra de ese derecho fundamental.
Pensando ya en un horizonte no lejano, la directiva europea 31/2010 establece que todos los edificios de nueva construcción, tanto públicos como privados, deberán tener un consumo de energía casi nulo a partir del 31 de diciembre de 2020 (en 2018 los públicos). El propio DB-HE (Documento Básico Ahorro de Energía) del Código Técnico de la Edificación establece qué tipos de edificios, tanto de nueva obra como en rehabilitación, estarán obligados a mejorar su eficiencia energética.
Así, una de las soluciones a la pobreza energética pasa por la rehabilitación energética de edificios, para conseguir construcciones más eficientes con las que poder reducir significativamente los consumos energéticos. Y en este trabajo, la sustitución de ventanas que ya han cumplido su ciclo de vida y no cumplen con unos mínimos requisitos energéticos por otras más eficientes es absolutamente esencial.
Según un estudio elaborado por empresa dedicada al desarrollo y fabricación de tecnología para ventanas y puertas, en España existen 69 millones de ventanas obsoletas. El mismo estudio, realizado en colaboración con el Instituto Cosmos, revela que uno de cada cuatro españoles admite que sufre filtraciones de aire a través de sus ventanas. Esta obsolescencia repercute en la pérdida de eficiencia energética, con lo cual, a medio o largo plazo, la instalación de ventanas y puertas más eficientes ayudará a aliviar la pobreza energética.
Sin embargo, es obvio que esta sustitución es costosa. Las administraciones tendrán que implicarse para ayudar al usuario en el empeño de reducir su gasto energético en la vivienda, mediante subvenciones o medidas fiscales que incentiven la rehabilitación energética. Durante los últimos años, las Comunidades Autónomas han venido promoviendo diferentes y sucesivos planes Renove de ventanas para la sustitución de cerramientos por otros más eficientes que contribuyan a reducir la factura energética. El éxito que han tenido estas convocatorias demuestra el interés existente, por parte del usuario, de las administraciones y de la propia industria por colaborar para conseguir objetivos ambiciosos.
Erradicar la pobreza energética es una cuestión de urgencia social y es precisa la colaboración de todos los agentes implicados para lograr ese objetivo.
